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En la recién finalizada semana, las Fuerzas de Seguridad dieron duros golpes a las estructuras, tanto de la delincuencia común como de las pandillas, conocidas como maras, al desarticular varias clicas y capturar a sus cabecillas.

Esto lo ve con buenos ojos la población, sin embargo, el número de miembros de estos grupos es tan grande, que entre más capturen, el lugar que dejan en la estructura es reemplazado de forma inmediata, y se vuelve la de nunca acabar.

Las maras se han convertido en una “plaga” que ha venido minando la seguridad de la población, y lo hacen ya que saben que las autoridades responsables de combatirlas y erradicarlas, léase Ministerio de Gobernación, no cuentan con planes específicos para tal fin, que permita poder controlarlas.

Entre los detenidos se encuentran mujeres, tanto jóvenes como ya adultas, muchas de ellas convivientes y a quienes no les queda otra que obedecer a sus “maridos” e ir a dejar celulares a los comerciantes, cobrar la extorsión o bien ser sicarias, al final son detenidas.

Tantos son los que han sido capturados, que las cárceles ya son insuficientes para darles cabida, y eso conlleva que las prisiones son verdaderas “bombas” de tiempo, por los niveles de corrupción en las mismas.

Es urgente que las autoridades de Gobernación implementen la construcción de nuevas cárceles, pero que las mismas sean edificadas en zonas totalmente alejadas de las poblaciones, para evitar conflictos como los ocurridos en Santa Isabel en Villa Nueva, en donde los pobladores no desean tenerlas cerca.

Entre los proyectos de nuevas cárceles debe haber alguna que sea de alta seguridad, pero que realmente cumplan con estos requerimientos, y no se conviertan en fracasos, como las actuales, en donde los prisioneros tienen el control.

Estos nuevos modelos deben impedir el contacto entre reos, a manera que no tengan tiempo para planificar sus fechorías y den órdenes a sus “esbirros” en la calle para cumplirlas, un bloqueo total y eficaz de los teléfonos celulares, por esa causa deben estar fuera de todo perímetro urbano, y así lograr controlar la ola de llamadas extorsivas que salen de las cárceles.

Bien por las Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, que han logrado desbaratar estos grupos, ahora son los jueces los que tienen que aplicar la ley como debe ser.

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